30 de octubre de 2017 - N°24
EDITORIAL:
RESIDUOS: UN ANTEPROYECTO DE LEY SIN APOYO Y QUE PONE LA CARRETA DELANTE DE LOS BUEYES
Sorpresivamente para quienes participamos a lo largo de 2016 de la convocatoria para la
elaboración de una ley de residuos, se nos acaba de invitar para el próximo día miércoles 1ro. de
noviembre a la "última reunión del grupo de residuos por el anteproyecto de Ley de residuos", según
expresa un correo electrónico enviado por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
En tal sentido debemos puntualizar lo siguiente:
- Durante 2016 se trabajó siempre con cierto apuro a los efectos de poder cumplir con los plazos
que permitieran ingresar al Parlamento Nacional un anteproyecto de ley en el mes de noviembre
de dicho año. De lo contrario, "los tiempos no darían" para que se aprobara en esta legislatura,
se dijo insistentemente. Dinama no sólo no presentó nada hasta este momento, sino que
tampoco convocó en todo 2017 a dicha comisión de trabajo.
- El texto al que se arribó hacia fines de 2016 prácticamente no tenía el apoyo de nadie más que
del propio gobierno, salvo un aparente pero confuso aval de UCRUS, organización que nuclea a
parte de los clasificadores de Montevideo. Ninguna de las cámaras empresariales y
organizaciones de la sociedad civil, por diferentes razones, lo apoyan.
- El texto final que elaboraron los técnicos de Dinama se desconoce, ellos tenían que presentarlo
a los participantes al final de noviembre de 2016, en la última reunión del grupo, al que
convocan recién un año después. Esto no es nada serio, sobretodo cuando ya está cursada la
invitación para el día 6 de noviembre de 2017, donde el anteproyecto se presentará. Ver sesión
Noticias.
- Nuestra institución, el Centro Uruguay Independiente - CUI, rechaza de plano dicha redacción,
por su limitado alcance, por haber dejado de lado experiencias valiosas (la de los clasificadores
de Canelones) y porque deja fuera de la toma de decisiones y el monitoreo a la sociedad civil,
tanto a sus organizaciones ambientales, sindicales y de clasificadores.
- El gobierno dirá que se consultó y participó un amplio espectro de organizaciones, cosa que es
verdad, pero el menoscabo hacia ellas fue permanente y sus propuestas medulares no fueron
incorporadas.
- Dudan los industriales de la constitucionalidad de la ley. Parecería que lo es, pero no somos
juristas como para dar una opinión tajante en tal sentido.
- En cambio sí somos categóricos en expresar que se ha puesto la carreta delante de los bueyes,
que Dinama debería haber llamado a construir algo básico y que no tiene. Nos referimos a un
plan nacional de residuos que contemple a todas las intendencias y a todas las fracciones de
residuos.
- También debemos decir que más allá de alguna participación de algún técnico delegado del
Congreso de Intendentes, los gobiernos departamentales no sólo no participaron, sino que no
tienen idea de que se trata esto, aunque con ingenuidad esperan el dinero que se les promete.
- Desde el inicio Dinama expresó que el objetivo era recaudar dinero, unos 30 millones de dólares
anuales fue la cifra más manejada. Este monto nos resulta voluntarista, pero además decimos
que su eventual manejo, que sería por parte de Dinama en exclusividad, no sería transparente
ni participativo, como no lo fue por otra parte todo este proceso de elaboración del anteproyecto
en cuestión.
Todo parece indicar que en materia de solución al problema de los residuos, con o sin inclusión
social, se ha perdido otro período de gobierno.
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